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En los últimos años, los delitos sexuales han cobrado una relevancia creciente en la opinión pública y en la agenda legislativa en Chile. La regulación de estos delitos ha experimentado diversas modificaciones con el objetivo de ampliar la protección a las víctimas y endurecer las penas para los agresores. No obstante, también es fundamental conocer los derechos de los imputados y las garantías procesales que rigen en estos casos.

La prisión preventiva, como medida cautelar, puede ser revocada bajo ciertas condiciones específicas.  Si desaparecen los motivos que dieron lugar a su imposición, como el peligro de fuga o el peligro de que se obstruya de alguna manera la investigación. Corresponde también revisar dicha medida cuando se presentan nuevas pruebas que cuestionan la existencia del delito o la participación de la persona imputada. Otro factor usualmente invocado es el  transcurso excesivo del tiempo, ya que si la prisión preventiva supera el plazo razonable establecido por la ley, vulnera el principio de proporcionalidad. El abogado defensor deberá pedir una audiencia para tal efecto ante el Juez de Garantía y buscar la  consideración de otras  medidas alternativas como el arresto domiciliario.