En estos días se ha visto reiterado un fenómeno preocupante: vecinos que, cansados de la demora en la respuesta de las autoridades o del aumento de ciertos delitos, deciden tomarse la justicia por sus propias manos. Estos actos de autotutela —lo que muchos llaman “linchamientos”— no son la solución que algunos imaginan. Más bien, encienden una chispa que puede prender un incendio social difícil de controlar.
En el sistema de justicia penal chileno, la condena a prisión no significa la pérdida absoluta de todos los derechos de una persona. Aunque la pena implica una limitación significativa de la libertad, las personas privadas de libertad conservan derechos fundamentales que deben ser respetados durante su estadía en los recintos penitenciarios.
En Chile, la Ley de Control de Armas regula la tenencia, porte, y uso de armas con el objetivo de proteger la seguridad pública. Esta normativa establece estrictos requisitos para quienes deseen poseer armas y severas sanciones para quienes las usen de manera ilegal.
El consentimiento es un concepto fundamental en el análisis de los delitos sexuales, pero abordarlo sin considerar el enfoque de género puede ocultar las dinámicas de poder y desigualdad que muchas veces están presentes en estos casos. La legislación penal chilena establece que cualquier acto de índole sexual debe contar con el consentimiento libre y explícito de las personas involucradas. Cuando este consentimiento está ausente o es obtenido mediante fuerza, intimidación, engaño o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, el acto se considera un delito sexual.
La estructura de un caso penal en Chile es un proceso que involucra a la Fiscalía, los tribunales y las partes interesadas, incluyendo a la víctima y su abogado y debe adecuarse al marco establecido por el Código Procesal Penal y la Constitución Política de la República, entre otras leyes y tratados internacionales.
Cuando un ser querido revela ser víctima de delitos sexuales, lo primero es ofrecer apoyo emocional, escuchando sin juzgar y respetando su ritmo. Es fundamental alentarla a denunciar el hecho para que se inicie una investigación y se haga justicia.
En este proceso, contar con un abogado penalista es clave para proteger los derechos de la víctima y guiarla en cada etapa. Durante los juicios penales, el abogado garantizará un trato digno y presentará las pruebas necesarias para que los responsables enfrenten las consecuencias legales.
La justicia es posible con el apoyo adecuado.
Enfrentar una denuncia por delitos sexuales es una situación extremadamente delicada que requiere una acción inmediata y estratégica. Lo primero que debes hacer es mantener la calma y buscar el asesoramiento de un abogado penalista con experiencia en este tipo de casos. Contar con un defensor especializado puede marcar la diferencia en el desarrollo del proceso.
La labor del abogado defensor es crucial para orientar a la persona imputada ante la disyuntiva de aceptar un procedimiento abreviado…
Frente a la constante tensión entre arbitrio judicial y tasación legal en el proceso de individualización de la pena,y a la ausencia de una sólida teoría que la oriente, nace la necesidad de depurar los criterios que sean idóneos para recoger aquellas circunstancias objetivas y subjetivas que rodearon al hecho, desde un enfoque eminentemente retrospectivo. Aquí el principio de proporcionalidad tiene un fértil terreno para desplegarse, y su incipiente autonomía le otorga la virtualidad de dar concreción a las finalidades retributivas de la norma penal, y de esa forma constituirse en unas de las más relevantes directrices de racionalización en el
ejercicio del ius puniendi.
La isonomía versus pleonexia, las reglas del juego versus el instinto depredador. Según los antiguos griegos la solución es simple: un par de sacrificios y estaremos purificados…
