En estos días se ha visto reiterado un fenómeno preocupante: vecinos que, cansados de la demora en la respuesta de las autoridades o del aumento de ciertos delitos, deciden tomarse la justicia por sus propias manos. Estos actos de autotutela —lo que muchos llaman “linchamientos”— no son la solución que algunos imaginan. Más bien, encienden una chispa que puede prender un incendio social difícil de controlar.
Una cosa es sentir rabia o impotencia cuando uno cree que la justicia no llega a tiempo, pero otra muy distinta es pasar a la acción violenta. Incluso aquel que se presume culpable, tiene derecho a una defensa penal de un abogado penalista, a un juicio oral justo y a que sean las instituciones del Estado las que determinen la verdad. Al actuar sin filtros legales, se arriesga no solo la integridad de presuntos delincuentes, sino también la de quienes se convierten en agresores.
La justicia por mano propia puede terminar castigando a un inocente o generando nuevos delitos. Lo ideal es exigir mejoras en el sistema, mayor presencia policial, una respuesta más rápida del Ministerio Público y mejores canales de denuncia. Si queremos vivir en un país que respete la ley, no podemos normalizar la violencia vecinal. Apostar por la justicia formal, a pesar de sus falencias, es el primer paso para recuperar la confianza y la paz en nuestras comunidades.
