La prisión preventiva, como medida cautelar, puede ser revocada bajo ciertas condiciones específicas. Si desaparecen los motivos que dieron lugar a su imposición, como el peligro de fuga o el peligro de que se obstruya de alguna manera la investigación. Corresponde también revisar dicha medida cuando se presentan nuevas pruebas que cuestionan la existencia del delito o la participación de la persona imputada. Otro factor usualmente invocado es el transcurso excesivo del tiempo, ya que si la prisión preventiva supera el plazo razonable establecido por la ley, vulnera el principio de proporcionalidad. El abogado defensor deberá pedir una audiencia para tal efecto ante el Juez de Garantía y buscar la consideración de otras medidas alternativas como el arresto domiciliario.
En casos de delitos sexuales, la prisión preventiva puede ser particularmente gravosa debido al estigma social y la alta sensibilidad que rodea este tipo de acusaciones. Para un abogado penalista, resulta esencial demostrar que no existen riesgos procesales que justifiquen mantener al imputado en prisión preventiva. Para ello puede invocar que el imputado tiene fuertes vínculos con la comunidad (residencia estable, empleo, familia) para controvertir la posibilidad de fuga; Presentar antecedentes de cumplimiento de comparecencias previas o cooperación en el proceso judicial; Ofrecer medidas sustitutivas, como cauciones económicas, para mitigar el riesgo percibido; Proponer alternativas como prohibición de acercamiento a la víctima, restricción de comunicación; Asegurar que todas las pruebas relevantes ya han sido recabadas y que el imputado no tiene capacidad de alterar evidencias; Resaltar que la prisión preventiva no puede ser utilizada como una condena anticipada; Argumentar el impacto en el entorno familiar, social y laboral del imputado, que podrían generar un perjuicio irreversible antes de una sentencia definitiva; Señalar si el tiempo transcurrido en prisión preventiva excede lo permitido legalmente o resulta desproporcionado en relación con la pena esperable en caso de condena; Subrayar que una prisión preventiva prolongada puede constituir una violación a los derechos humanos del imputado. Sin perjuicio de lo anterior, la manera más efectiva es presentar evidencias que cuestionen la existencia misma del delito o la participación del imputado, para ello procede cualquier medio probatorio tales como videos, testigos, mensajería, documentos, pericias médicas o psicológicas, etc.
En delitos sexuales, se busca equilibrar la protección de la víctima con los derechos del imputado, donde el empleo de argumentos serios y sólidos basados en pruebas y principios legales no afecten la perspectiva de género que siempre debe estar presente. Lo ideal desde el punto de vista del imputado es afrontar el proceso judicial en libertad y para ello es fundamental que el abogado combine rigor técnico, análisis estratégico y un manejo ético de las pruebas disponibles para proteger los derechos del imputado en estos casos de alta sensibilidad.
